Un mes después de la cuestionada proclamación de Maduro, la oposición y la comunidad internacional exigen transparencia electoral

Este miércoles se cumple un mes desde la controvertida proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, un evento que ha generado una creciente ola de manifestaciones y tensiones tanto dentro como fuera del país. La oposición, liderada por María Corina Machado, ha convocado a una serie de protestas exigiendo que Maduro acepte su derrota y permita la transición del poder al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, ganó las elecciones con el 67% de los votos.

A lo largo del último mes, la oposición ha recopilado más del 83% de las actas electorales, las cuales han sido publicadas en una plataforma web para demostrar que González fue el verdadero ganador. Estos documentos fueron obtenidos gracias a la labor discreta de grupos ciudadanos conocidos como «comanditos», que velaron por la transparencia en cada mesa de votación.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido duramente criticado por no publicar las actas electorales, tal como lo exige la legislación venezolana, lo que ha incrementado las sospechas de fraude. En respuesta a la presión nacional e internacional, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una auditoría de los resultados, la cual fue aprobada por el tribunal, a pesar de las dudas sobre su imparcialidad debido a su estrecha relación con el régimen.

La comunidad internacional no ha tardado en reaccionar. Diversos países y organismos, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, han cuestionado la falta de transparencia del proceso electoral y han exigido una auditoría imparcial de los votos. Estados Unidos, junto a otros 11 países de América Latina, ha reconocido a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones, mientras que Brasil y Colombia, aunque cercanos al gobierno de Maduro, también han pedido la publicación de los resultados desglosados.

Dentro de Venezuela, la situación se ha agravado con la represión violenta de las manifestaciones. Desde el anuncio de los resultados, se ha reportado la muerte de más de una docena de manifestantes y la detención arbitraria de opositores. La ONG Foro Penal ha documentado 1780 presos políticos hasta el 26 de agosto, un número que sigue aumentando a medida que continúan las protestas.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, denunció las prácticas del gobierno venezolano como «terrorismo de Estado», señalando que el régimen utiliza el secuestro y la detención de opositores como herramientas de represión. Clarke subrayó que los órganos de control en Venezuela actúan en connivencia con el régimen, lo que agrava la situación de derechos humanos en el país.