La crisis de inseguridad ciudadana ha empujado al Gobierno a tomar una medida drástica. Cansados de las estrategias tradicionales que no logran frenar el avance de las mafias, el Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, ha puesto en marcha un comando unificado contra la delincuencia. Esta nueva fuerza táctica fusionará, bajo una misma estrategia, a los equipos más preparados de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas.
El anuncio marca un giro total en la política de seguridad del país y fue decidido en el seno del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena). Durante su intervención en el Pentagonito, Fujimori fue tajante al señalar que el Estado dejará de ser un espectador.
«Ya no vamos a esperar. Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen», advirtió la mandataria, cuestionando de paso lo que consideró como más de dos décadas de inacción institucional y prometiendo utilizar toda la fuerza legítima del Estado para procesar a los criminales.
Un ejército en las calles: 1 350 agentes al frente
La base de operaciones de este comando no será una comisaría común, sino el propio Cuartel General del Ejército en San Borja. Desde allí se dirigirán los movimientos de 1 350 efectivos seleccionados estratégicamente para esta labor.
Para garantizar una respuesta contundente, el grupo combinará el rigor táctico militar con la experiencia en investigación de la Policía. Estará conformado por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea y 200 de la Marina de Guerra. A ellos se sumarán 80 especialistas de las Fuerzas Especiales Conjuntas y un contingente de 320 policías de unidades de élite.
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Más allá del patrullaje: control de cárceles e inteligencia financiera
Sacar a las tropas a las calles es solo una pieza del tablero. El plan oficial incluye asfixiar la logística de las bandas criminales en múltiples frentes. Primero, con la intervención directa de los penales para incomunicar definitivamente a los cabecillas que siguen dirigiendo extorsiones desde sus celdas. A la par, se acelerará la expulsión «en tiempo récord» de los extranjeros que hayan ingresado al país para delinquir.
Pero el golpe más fuerte apunta a las billeteras de las mafias. A través de la nueva Comisión Especial de Lucha contra la Criminalidad, el Gobierno articulará una red de rastreo sin precedentes. Se cruzará información en tiempo real con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la DINI y las empresas de telecomunicaciones (supervisadas por Osiptel) para rastrear el dinero sucio y cortar las comunicaciones del hampa.
El límite de la fuerza: disciplina y derechos humanos
Acompañada por el primer ministro Luis Galarreta y los titulares de Defensa (Rafael Belaunde) e Interior (César Astudillo), la presidenta garantizó el respaldo político e institucional a los uniformados. Sin embargo, trazó una línea innegociable: el despliegue de este poderío exige un nivel impecable de profesionalismo, disciplina y un respeto escrupuloso al orden democrático y los derechos humanos.
Finalmente, Fujimori cerró su presentación pidiendo unidad nacional. Recordó que el combate a la criminalidad no admite ideologías ni banderas políticas, e hizo un llamado abierto a gobiernos extranjeros para intercambiar tecnología, inteligencia y recursos que ayuden a pacificar el país.
